Alberto Cuesta: ‘Debemos acostumbrarnos a compartir conocimientos que pueden hacernos crecer como profesionales’
Entrevista a
Alberto Cuesta, Abogado y Vocal de la Sección de Derecho Tecnológico (TIC) del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)
Alberto, ¿cuáles son los motivos que le impulsaron para especializarse profesionalmente en Derecho Tecnológico?
Era pequeño y mi abuelo me regaló un ordenador. Comprobé de lo que era capaz de hacer esa máquina y pensé que un nuevo mundo se abría ante mis ojos. Tras instalar y desinstalar programas de ofimática le tocó el turno a un videojuego, entonces no fue un nuevo mundo el que apareció ante mí y sí un universo paralelo… Me pareció apoteósico el despliegue de medios de ese juego llamado “Striker” para PC, comparado con los gráficos de 8 bits de la histórica consola “Atari” que es de donde venía. Me preguntaba cómo era capaz ese aparato de hacer cosas tan diversas y de tanta calidad. Desde entonces me lo sigo preguntando y por ello he participado en “Clanwars” y ligas online de videojuegos, tanto como jugador y como árbitro. El “Medal of Honor” y desde 2004 el “Call of Duty” son los “games” a los que más he jugado (aunque los “campers” y el “lag” a veces dificultan el juego). Esta afición por el mundo de los videojuegos ha influido en mi dedicación profesional. Me ha relacionado diariamente con la informática y ahora asesoro legalmente a empresas de este sector. La vida es un camino que a veces sin esperártelo acaba aunando algunas de tus pasiones.
¿Cuáles son los temas más recurrentes en materia de Derecho Tecnológico que le llegan al despacho?
Los asuntos que recibimos en URECA-Legal son muy dispares. Desde la adaptación de creaciones tecnológicas a la legislación digital, la redacción de un contrato de Licencia de Uso de una App, pasando por la protección jurídica de una nueva idea de negocio online, la tramitación de una patente, hasta la gestión legal de un sistema de geolocalización de las flotas de vehículos para una empresa de transportes. Aparte de los clásicos casos como implementar la normativa de protección de datos (LOPD) en una entidad pública o privada o la legalización de websites a la normativa digital. Por otra parte, desde el punto de vista procesal atendemos los diferentes delitos informáticos puesto que nos encontramos con personas que han sufrido acoso en Internet, fraudes informáticos como los bancarios, etc. Desde un punto de vista más administrativo-tecnológico, representamos a nuestros clientes ante organismos con potestades de inspección y capacidad sancionadora como la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la Información (SETSI), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información (SGSI) ante posibles denuncias o reclamaciones que hayan podido recibir o con el objetivo de solicitar una Licencia por ejemplo ante la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).
¿Qué objetivos se ha marcado como Vocal dela Sección de Derecho TIC del ICAB?
Como vocal intento difundir el mensaje de que los abogados tenemos que afrontar y aceptar un cambio de paradigma en la profesión, hemos pasado de una sociedad analógica a una digital en pocos años. De una profesión en la que la imagen del abogado se relacionaba con montañas de papeles a otra en la que en un simple “pendrive” o lápiz de memoria almacenas ordenadamente miles de expedientes. ¿No es más fácil que un sistema operativo te ordene tus expedientes en carpetas digitales que hacerlo manualmente buscando entre papeles?
Por otra parte, formar e informar a los colegas de profesión mediante conferencias y cursos que organizamos desde la Sección TIC es otro de los retos que nos hemos marcado. Sólo hay que comprobar la agenda de eventos de los últimos meses en el ICAB para comprobar que los eventos proliferan sobre privacidad, e-commerce, telecomunicaciones, delitos informáticos, etc. Es una labor que gracias al gran trabajo de todos los compañeros de sección estamos realizando en aras de mantener al día de las novedades del sector a los interesados en esta rama del Derecho. Desde estas líneas invito a todos los lectores a que acudan a estos eventos, cursos y conferencias que proponemos desde el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
¿Cómo definiría el Colegio 2.0, y qué es lo que nos falta hoy por hoy para llegar a que se cumpla esa tesitura?
Es la posibilidad de los abogados de pertenecer a una comunidad jurídica, la cual nutriría de facilidades al desempeño de nuestra labor diaria tanto en los juzgados como en el despacho. El Colegio 2.0 estaría compuesto por tres elementos: participación, colaboración e información. Participación de los compañeros y compañeras en los diferentes foros jurídicos, comunidades web, blogs, wikis, folcsonomías, etc; colaboración entre los mismos en el mundo online, dejando atrás el individualismo como abogados que se encuentra insertado en nuestro ADN desde el primer año de carrera; información, debemos acostumbrarnos a compartir conocimientos que pueden hacernos crecer como profesionales. Perdiendo el miedo a exponer públicamente nuestro saber, recibiremos la crítica de otros profesionales pero ello nos permitirá reflexionar sobre nuestro parecer jurídico.
Alcanzaremos pronto este objetivo, la tendencia de las sociedades hace que los juristas se adapten a ella para poder servir como mediadores en la eterna “zona de conflicto” en la que solemos trabajar. Hoy día, nos encaminamos hacia la economía colaborativa (véase aplicaciones como UBER, o fenómenos como el “Crowdfounding”), esto hará que capilarmente desde toda la sociedad, incluidos el mundo jurídico y los Colegios Profesionales, se promueva iniciativas de colaboración para poder crecer. Los abogados compartiremos experiencias del día a día en mayor grado que en la actualidad. Un punto necesario para conseguirlo es fomentar la interconexión de los diferentes Colegios de Abogados y fomentar más iniciativas conjuntas.
Poco a poco se va extendiendo el uso de LexNet ¿cómo afectará esta herramienta -una vez se haya implantado totalmente- al trabajo de los abogados? Y a su parecer ¿cuáles son sus ventajas e inconvenientes?
Nos permitirá decir y actuar qué somos abogados del siglo XXI y no decimonónicos. Es incomprensible que tras años en las que las TIC han aterrizado en nuestra sociedad, hoy día aún el fax sea un elemento esencial en la administración de justicia. La implementación de Lexnet es un síntoma de que algo se mueve en el mundo de la Justicia. Debemos esperar que con la entrada de “nativos digitales” como compañeros de profesión, las TIC sufran un fuerte impulso en nuestro sector. Lexnet conllevará que la cultura de la digitalización documental alcance a los abogados actuales y que a partir de ese momento los despachos no parezcan un “campo minado” de demandas, autos y providencias sin clasificar e imposibles de encontrar en caso de urgencia profesional.
La primera gran ventaja es que ahorraremos tiempo puesto que se agilizará la tramitación de los expedientes. No deberemos desplazarnos a la sede judicial y sí presentar los documentos por vía telemática.
En segundo lugar, se incrementará la seguridad de la información y el respeto de la privacidad tan demandada por nuestros clientes en estos tiempos. Es un sistema que permite el uso de la firma electrónica reconocida (más segura que la avanzada, al ser generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma) y cumplir con los estándares reconocidos internacionalmente sobre la correcta gestión de la información. El sistema permite que la información permanezca de forma Confidencial entre el emisor y el receptor de los documentos, que Íntegramente sea recibida por los abogados y que esté Disponible por los mismos desde el instante de su recepción para poder continuar con la tramitación de los expedientes. Asimismo es un servicio que al proporcionar pruebas de la integridad y origen de los datos cumple con el llamado No Repudio. El desafío para desterrar esa imagen de una bandeja de fax en el que reposa desde hace días un documento sin dueño ni destino, ha empezado…
Los inconvenientes que nos venimos encontrando los profesionales es que el sistema no está adaptado a todos los navegadores y sistemas operativos existentes, ello conlleva problemas en la ejecución del mismo. En todo caso, más allá de estos problemas técnicos, el cambio cultural entre los profesionales del Derecho, es el reto que afronta este sistema. Una transición pacífica y constante del uso del documento en papel al automatizado es el verdadero desafío al que nos enfrentamos.
¿Cuáles son a su juicio las principales carencias tecnológicas que limitan la eficacia y eficiencia en el actual marco de la administración de Justicia en España?
Dotar de medios tecnológicos adecuados a las sedes judiciales es necesario para el desarrollo de una justicia moderna. Se debe iniciar un proceso de digitalización masivo de expedientes allí donde no se ha producido en aras de gestionar de forma automatizada la información.
Extender los mecanismos de autenticación a toda la justicia, operadores jurídicos y ciudadanos es esencial. Se requieren implementar los mecanismos de integración de los sistemas informáticos. Continuar con la modernización de los dispositivos usados en las declaraciones y grabaciones de juicios es otro de los desafíos. Otro factor que se debe perseguir es conseguir un expediente judicial que aglutine toda la información del proceso, aspecto básico para el correcto funcionamiento del sistema. No puede ocurrir que un compañero abogado cambie de despacho y ese hecho le conlleve redactar y notificar individualmente a cada Juzgado la nueva dirección y además deba hacerlo en persona mediante la presentación de un escrito. Pérdida de tiempo innecesaria.
Se viene apuntando que el quid de la cuestión para que arranque con éxito la Justicia 2.0 radica en la interoperabilidad con -y entre- las administraciones públicas. ¿Desde la perspectiva jurídica cómo consideraría un posible proyecto de dotar a todos los ciudadanos con una cuenta oficial personal de correo electrónico dedicado en exclusiva para su comunicación de índole administrativa con todas las administraciones (estatal, autonómica, provincial, local…)?
Potenciar la interoperabilidad entre los distintos Juzgados y Tribunales del Estado es un punto clave para poder alcanzar los objetivos de modernización de la Justicia. La falta de conexión actual entre los mismos provoca retrasos y una burocratización excesiva.
Dotar de una cuenta de correo electrónico oficial es una medida acertada en aras de reducir los trámites offline y acabar con esperas interminables ante las ventanillas de la administración. Esta implementación debería ejecutarse atendiendo a dos requisitos. En primer lugar, que se implementara un sistema análogo desde la perspectiva de la seguridad de la información al de la Administración Tributaria. En segundo lugar, el nuevo sistema online de comunicación con la administración debería convivir durante años con el sistema tradicional. ¿Por qué? actualmente la brecha digital alcanza al 22% de la población. La misma se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años pero esas personas no pueden quedar incomunicadas.
El actual Ministro de Justicia comentó en cierta ocasión que estamos en la hora de la e-Justicia ¿creé usted que al igual que se tiende a la Justicia sin papeles será posible en un futuro la administración de Justicia cien por cien electrónica sin tener que pisar un juzgado?
Sin duda ese momento llegará. Las videoconferencias y la holografía influirán mucho en ello. Las primeras ya se usan en determinados casos como por ejemplo los ciudadanos extranjeros que declaran desde sus países tras sufrir un robo durante sus vacaciones. La segunda técnica de comunicación a distancia, los hologramas es más novedosa. Sin temor a ser un errado visionario, estoy seguro que esta técnica avanzada de fotografía, que crea imágenes en tres dimensiones, se impondrá en un futuro como mecanismo de comunicación y algún día posibilitará que no haya que acudir a los juzgados.
El camino que debe recorrer la Justicia es largo para que se impongan estas nuevas técnicas y no sólo tecnológicamente. Hemos crecido leyendo a John Grisham y viendo en TV historias de abogados, jueces y ciudadanos que dirimen sus disputas en una sala de un juzgado. Este hecho culturalmente está muy arraigado. El factor cultural junto con la actual crisis económica son determinantes para que la modernización de la Justicia todavía no camine con paso firme.
Y ya puestos, qué tres medidas principales en el ámbito jurídico-tecnológico le pediría al Ministro de Justicia para agilizar y mejorar la administración de Justicia.
La obligatoriedad del uso de la firma electrónica reconocida por todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia, desde abogados a funcionarios pasando por cualquier tercero que intervenga en un proceso en aras de que toda la tramitación de los expedientes sea más rápida y eficiente.
La definitiva implementación en todos los ámbitos de la Justicia de soluciones informáticas, de programas de software como Lexnet y que permitan a un ciudadano conocer el estado de su expediente al momento; a un abogado descargar una providencia o un auto desde su despacho; y a un juez emitir un fallo y directamente subirlo a la nube para que reste a disposición de las partes interesadas. Los mismos otorgarían mayor trasparencia y dinamismo a los procesos, evitando las habituales dilaciones. La digitalización de los expedientes judiciales es clave para poder modernizar nuestra Justicia. A partir de ese momento, será efectivo el uso de un modo de autenticación bajo firma electrónica y la utilización de software específico para tratar los expedientes.
La erradicación del fax de todas las sedes judiciales y el uso intensivo de las comunicaciones online seguras entre operadores jurídico liberaría tanto a juzgados, como despachos de abogados y procuradores, de cantidades ingentes de papel y al mismo tiempo otorgaría mayor seguridad en la protección de los datos de carácter personal de los administrados.
